Este miércoles, el Instituto de Salud Pública (ISP) de Chile, dictó una multa de 1300 UTM ( casi 67 millones de pesos) a los laboratorios Silesia y Andrómaco. Esto, luego de cometer fallos en la producción de anticonceptivos.

Se trata de los fármacos Anulette CD en comprimidos Recubiertos, de propiedad de Laboratorios Silesia S.A. y de Minigest – 15 y Minigest -20, de Laboratorio Andrómaco, ambas controladas por la compañía farmacéutica alemana Grünental.

La situación se dio a conocer por la entidad gubernamental en agosto de 2020, luego que el Cesfam Piedra del Águila, dependiente del Servicio de Salud de La Araucanía, realizara una notificación de calidad a la autoridad, en la que se detectaron 6 blisters con fallas correspondiente a una serie del producto.

El 4 de septiembre del mismo año, el ISP determinó suspender el registro sanitario del producto farmacéutico Anulette CD (ISP N° F-11458), debido a que se encontraron fallas en otra serie del fármaco. Debido a esto, se ordenó la cuarentena del resto de los lotes del producto en los lugares de expendio.

En esa misma instancia, la entidad pública anunció el inicio de un sumario sanitario contra Laboratorios Silesia, por presencia de alveolos vacíos, alveolos con comprimidos triturados y dos comprimidos en un alveolo en sus píldoras anticonceptivas.

Sin embargo, en octubre de 2020, la autoridad fue notificada del retiro voluntario de los anticonceptivos Minigest – 15 y Minigest -20, producidos por Laboratorio Andrómaco, tras detectar una menor cantidad de la sustancia activa que la declarada.

“Multa a anticonceptivos es irrisoria”

La Corporación Miles (Movimiento por la Interrupción Legal del Embarazo) han asesorado a más de 100 mujeres que han denunciado haber quedado embarazadas por la negligencia cometida.

Ahora la corporación se encuentra una batalla judicial contra el Estado y ambas farmacéuticas, luego de afirmar que ni el gobierno ni el fabricante de la píldora han ofrecido ayuda a las mujeres con estos embarazos no planificados. La situación traspasó las fronteras y llegó hasta las Naciones Unidas.

“Esta es una multa del ISP a los laboratorios. No es dinero directo a las víctimas. Seguiremos acompañando a las mujeres que se embarazaron con estos anticonceptivos e iniciaremos acciones civiles en contra del Estado y laboratorio buscando indemnización para ellas”, declaró la organización.